Qué significa el cambio de gobierno para las empresas con obligaciones ambientales
Susana Gutiérrez, Fundadora de Treeoma
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La conversación ambiental de las últimas semanas se concentró en cuatro temas: fracking, consulta previa, el futuro de la ANLA y el Canal del Dique.
Pocos han hecho la pregunta que nos están haciendo nuestros clientes: ¿qué pasa con las compensaciones?
Nuestra lectura, después de revisar lo que se dijo y lo que dice la norma vigente, es esta: la compensación no se suaviza. Se acelera.
Y hay una fecha que casi nadie tiene en el calendario.
1. Lo que anunció el nuevo gobierno
El 2 y 3 de julio de 2026, el entonces ministro designado Fabio Arjona Hincapié dio sus primeras declaraciones públicas.
Ratificó que la ANLA no se elimina y conserva su papel de autoridad técnica evaluadora, pero anunció una revisión del licenciamiento: fortalecer su capacidad técnica, incorporar inteligencia artificial en los análisis, fijar plazos de respuesta más definidos y establecer requisitos diferenciados según el tamaño e impacto de cada proyecto.
Planteó además que la consulta previa deje de estar en cabeza de las empresas y pase a ser dirigida por el Estado, con criterios uniformes coordinados con el Ministerio del Interior.
Sus prioridades declaradas: seguridad hídrica, deforestación, minería ilegal, economía azul y revisión de la gobernanza del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Sobre fracking, separó competencias: dijo que no lo ejecuta el sector ambiental y que, de darse, estaría restringido a áreas de los valles interandinos y el Magdalena Medio que no superan los 2.000 kilómetros cuadrados.
El 27 de julio llegó el primer caso concreto: Arjona respaldó públicamente levantar la exigencia de licencia ambiental que mantiene suspendidas las obras del Canal del Dique, en un intercambio con la ministra encargada Irene Vélez.
Lo que no se ha dicho: ni una línea sobre compensación del medio biótico, Resolución 0305, inversión forzosa del 1% o bancos de hábitat.
Ese silencio no significa que no vaya a pasar nada. Significa que las reglas siguen donde estaban.
2. La fecha que casi nadie tiene en el calendario
La Resolución 0305 entró en vigor el 15 de abril de 2026, con su publicación en el Diario Oficial. Desde ese día quedó derogado el manual de compensaciones que regía desde 2018.
Su artículo 11 define cómo conviven los dos manuales, y de ahí sale lo único que la mayoría necesita saber.
Si su proyecto ya tenía licencia, permiso de aprovechamiento forestal único o sustracción a esa fecha, y el plan de compensación nunca quedó aprobado, tiene seis meses para presentarlo. Es decir, hasta mediados de octubre de 2026. El mismo artículo aclara que ese plazo opera sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.
Si en cambio ya tiene su plan aprobado y en ejecución, no tiene que hacer nada: continúa bajo las reglas con las que fue aprobado. Puede pedir pasarse al manual nuevo si le conviene, y tiene hasta abril de 2027 para decidirlo, pero es una opción, no una obligación.
3. Agilizar el licenciamiento no reduce la compensación. La acelera.
Si el gobierno logra lo que anunció, el resultado directo es más licencias otorgadas en menos tiempo. Y cada licencia trae una obligación de compensación.
El área a compensar resulta de multiplicar el área impactada por el factor de compensación. Ese factor va de 1 a 10: entre 4 y 10 para ecosistemas naturales, entre 2 y 5 para vegetación secundaria o en transición, y 1 para ecosistemas transformados, que puede ser mayor cuando están en matriz de ecosistema estratégico.
Hay un caso que conviene tener presente: cuando el impacto se produce en ecosistemas estratégicos de orden nacional o regional (páramos, humedales, bosques), la autoridad debe imponer el máximo valor del factor, es decir 10, hasta que el Ministerio expida reglamentación específica.
Cada hectárea impactada puede convertirse, entonces, en varias hectáreas que hay que conseguir, establecer, mantener, monitorear y llevar hasta el cierre. Si el ritmo de otorgamiento sube, la demanda simultánea sube sobre tres recursos que no se producen a la misma velocidad:
Áreas ecológicamente equivalentes. El Manual exige demostrar adicionalidad comparando dos escenarios proyectados sobre el mismo sitio, uno con la compensación y otro sin ella, para probar que la ganancia no habría ocurrido de todos modos.
Predios con seguridad jurídica. El Manual admite predios con título, posesión legalmente reconocida, baldíos con ocupación legítima caracterizada y territorios colectivos, con las salvaguardas correspondientes. Conseguirlos y sostenerlos hasta el cierre toma tiempo.
Material vegetal de viveros con registro ICA. Un vivero no produce a demanda. Produce con tiempos biológicos.
4. El cuello de botella se mueve de la ventanilla al campo
Durante años el riesgo de cronograma estuvo en la evaluación. Si los tiempos se acortan, ese riesgo no desaparece: se traslada a la ejecución.
Aquí hay un cambio de arquitectura que define cómo se planea un proyecto. Bajo el artículo 5, la autoridad aprueba en evaluación la zonificación de áreas potenciales, las acciones y los cronogramas. Las áreas específicas se definen después, durante el seguimiento, a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental.
Y el parágrafo del artículo 6 agrega algo decisivo: definir esas áreas específicas dentro de la zonificación ya aprobada no requiere pronunciamiento previo de la autoridad ni modificación de la licencia. Solo se informa vía ICA, sujeto a control posterior.
En cambio, cambiar la zonificación aprobada, los objetivos, metas e indicadores, o el plazo total de ejecución, sí exige pronunciamiento, y la autoridad tiene hasta tres meses para responder (artículo 7).
La consecuencia práctica: una zonificación bien dibujada da flexibilidad operativa durante años. Una mal dibujada encierra al proyecto en una geografía sin oferta real de tierra, y salir de ahí cuesta tres meses de trámite cada vez.
Hay además una figura que la 0305 introdujo y que casi nadie está usando: la ejecución anticipada, definida como ejecutar el plan de compensación antes de que se genere el impacto, según cronograma aprobado por la autoridad. En un escenario de licenciamiento más rápido, saca la restauración de la ruta crítica de obra y evita competir por material vegetal cuando todos compran al tiempo.
5. Lo que no cambia con el gobierno
La responsabilidad no se delega. El Manual es explícito: en ningún caso el titular pierde su responsabilidad jurídica por el cumplimiento de las medidas de compensación establecidas en los actos administrativos. Se contrata la ejecución, no la responsabilidad.
El cierre es por resultado. Ejecutadas e informadas todas las obligaciones, la autoridad evalúa el cumplimiento de objetivos y metas y expide el acto administrativo de cierre definitivo. El seguimiento es como mínimo una vez al año, y a los seis meses en proyectos de duración inferior a un año (artículo 8).
El régimen sancionatorio se endureció. El artículo 12 remite a la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, que elevó el tope de multa de 5.000 a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Y el seguimiento está operando. Entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de abril de 2026, la ANLA adelantó 955 visitas de seguimiento, expidió 2.433 conceptos técnicos y suscribió 2.441 actos administrativos de seguimiento ambiental.
Vale la pena añadir un dato sobre el estándar que viene. Fabio Arjona es biólogo marino, fue viceministro de Ambiente y durante más de una década dirigió Conservación Internacional Colombia, desde donde lideró Vida Manglar, el proyecto de carbono azul de la bahía de Cispatá. Quien viene de estructurar restauración con verificación internacional distingue una restauración real de una siembra fotografiada. Si esa visión llega a la política pública, el estándar técnico no baja.
6. ¿Y la Ley del Árbol?
Es la otra obligación que tiene a muchas empresas en vilo (la analizamos a fondo en este artículo), y sobre ella el nuevo gobierno tampoco se ha pronunciado.
Dónde estamos hoy. La Resolución 0358 del 16 de abril de 2026, publicada en el Diario Oficial del 20 de abril, modificó la Resolución 1491 de 2025 y amplió de 6 a 18 meses el plazo de los municipios para delimitar las Áreas de Vida, y condicionó la exigibilidad: mientras no existan Áreas de Vida disponibles, no puede exigirse la ejecución material de la siembra ni la presentación de los programas ante la autoridad ambiental. Su artículo 3, sin embargo, mantiene la obligación de las empresas de formular sus programas durante ese periodo.
El avance real es desigual. Según la CVC, en mayo de 2026 solo el 11,1% de los municipios evaluados del Valle del Cauca había delimitado y publicado su Área de Vida.
Qué significa esto con el nuevo gobierno. La agenda declarada (agua, deforestación, minería ilegal, economía azul y licenciamiento) no menciona la Ley del Árbol. Nuestra lectura es que el escenario más probable no es la derogación, sino la continuidad del limbo: obligación vigente, exigibilidad condicionada a un trámite municipal que avanza lento y que no depende del Ministerio.
Para una empresa eso tiene una consecuencia concreta: la fecha real de su cumplimiento no la define el ministro, la define su alcaldía. Y no hay una sola fecha nacional, hay tantas como municipios.
Y aquí otro punto. El artículo 10 de la Resolución 0305 permite ejecutar compensaciones del medio biótico dentro de Áreas de Vida. Pero su parágrafo 1 prohíbe traslapes entre regímenes, exige que el seguimiento sea medible de forma independiente, y aclara que no exime a las medianas y grandes empresas de la obligación del artículo 6 de la Ley 2173.
Una hectárea puede estar en un Área de Vida y servir para una compensación de licenciamiento. Lo que no puede es contar dos veces.
El mismo principio aplica al carbono. Según el artículo 9, las áreas donde se ejecuta la compensación no pueden ser objeto de validaciones, verificaciones o certificaciones de reducciones o remociones de gases de efecto invernadero durante los términos legales de la compensación. Solo después.
Una obligación no se administra por gobiernos
Las políticas cambian. Los tiempos de trámite cambian. Las prioridades del ministerio cambian.
Lo que no cambia es que un ecosistema tarda lo que tarda en recuperarse, que la autoridad cierra cuando verifica resultados, y que la responsabilidad permanece en cabeza del titular.
Sobre cómo leemos estas obligaciones más allá del cumplimiento mínimo, lo desarrollamos en esta conversación con la Universidad de los Andes.
Las empresas que estructuren bien ahora van a llegar al cierre con orden. Las que asuman que el cambio de gobierno les compró tiempo van a descubrir, en dos o tres años, que lo que se movió no fue la obligación sino la fila.
Preguntas frecuentes
¿El nuevo gobierno puede derogar la Resolución 0305? Jurídicamente sí, pero exigiría un acto administrativo del mismo rango, con soporte técnico y proceso propio. A la fecha de publicación de este artículo no se ha anunciado ninguna intención en ese sentido.
Si agilizan las licencias, ¿me exigirán menos compensación? No hay relación entre una cosa y la otra. El factor de compensación depende del ecosistema impactado, no de la velocidad del trámite.
Tengo instrumento otorgado y no sé si mi plan está aprobado. ¿Cómo lo verifico? Revise la parte resolutiva del acto administrativo buscando la aprobación expresa del plan o requerimientos de complementación. Si el instrumento es de competencia de la ANLA, puede consultar el expediente y los actos notificados en VITAL. Si es de una CAR, el expediente está en la Corporación.
¿Qué plazo tengo si no está aprobado? El parágrafo del artículo 11 de la Resolución 0305 fija un máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la resolución, que ocurrió con su publicación en el Diario Oficial del 15 de abril de 2026.
Mi plan ya está aprobado y en ejecución. ¿Cambia algo? No de forma automática. Continúa bajo las condiciones de su instrumento. Puede acogerse voluntariamente al nuevo régimen dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor, presentando una propuesta de modificación del plan.
¿Puedo cumplir la Ley 2173 con mi compensación del medio biótico? No. El artículo 10 de la Resolución 0305 permite ejecutar compensaciones dentro de Áreas de Vida, pero su parágrafo 1 prohíbe imputar como cumplimiento simultáneo obligaciones de regímenes distintos, y aclara que no exime de la obligación del artículo 6 de la Ley 2173.
¿Mi empresa ya tiene que sembrar bajo la Ley del Árbol? No mientras el municipio no haya delimitado y publicado oficialmente su Área de Vida. La Resolución 0358 de 2026 condicionó a eso tanto la ejecución material como la presentación del programa ante la autoridad.
Si no hay áreas delimitadas, ¿cómo formulo el programa de siembra? Parcialmente. El número de árboles se calcula desde la nómina, y con eso se define presupuesto, responsable, estructura y esquema de mantenimiento. Lo que no se puede cerrar es lo que depende del sitio: especies, georreferenciación y diseño de la intervención. En la práctica, formular durante este periodo significa dejar el programa armado y listo para completar cuando el municipio publique su Área de Vida, no terminarlo.
¿Puedo certificar carbono en las áreas donde compenso? No durante los términos legales de la compensación. El artículo 9 de la Resolución 0305 lo prohíbe. Una vez cumplidos esos términos, los propietarios o poseedores pueden adelantar el proceso si así lo determinan.
¿Necesito modificar la licencia cada vez que defino un predio? No, siempre que esté dentro de la zonificación ya aprobada. Esos cambios se informan vía ICA y quedan sujetos a control posterior. Cambiar la zonificación sí requiere pronunciamiento previo, con hasta tres meses de respuesta.
¿Qué es la consulta previa y por qué importa aquí? Es el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas antes de proyectos que las afecten directamente, reconocido en el Convenio 169 de la OIT e incorporado por la Ley 21 de 1991. Hoy la empresa titular asume la logística y los costos. Importa porque suele ser el mayor riesgo de cronograma del licenciamiento y porque muchos acuerdos de consulta incluyen compromisos ambientales que se cruzan con la compensación.
¿Qué es el Fondo para la Vida y la Biodiversidad? Un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Ambiente, reglamentado por el Decreto 1648 de 2023, que financia proyectos de acción climática, gestión ambiental y restauración. Se alimenta del impuesto al carbono, regalías, multas del sistema y cooperación internacional.
Fuentes
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- Resolución 0305 del 7 de abril de 2026, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diario Oficial 53.460 del 15 de abril de 2026
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- Resolución 0358 del 16 de abril de 2026, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diario Oficial 53.466 del 20 de abril de 2026
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- Resolución 1491 del 17 de octubre de 2025, reglamentaria de la Ley 2173 de 2021
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- Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024
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- Informe de rendición de cuentas de la ANLA, julio de 2025 a abril de 2026
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- Avance en la delimitación de Áreas de Vida, CVC, mayo de 2026
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- Entrevista al ministro Fabio Arjona, El Tiempo, 2 de julio de 2026
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- Declaraciones sobre ANLA y licenciamiento, CAMBIO, 3 de julio de 2026
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